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Granadilla 7 de Diciembre de 2015
Coalición Canaria y Sí se Puede coinciden
en que los hechos mencionados en el Auto
de la Audiencia para la imputación del grupo socialista  “son muy graves”
El abogado Pedro Fernández Arcila, miembro de Sí se puede ha manifestado que “Ha sido un enorme placer llevar al banquillo al gran cacique del sur de la Isla” y el portavoz de CC, José Domingo Regalado, ha ratificado que el auto demuestra el acierto de no haber pactado con el PSOE.
Foto: Dux Garuti
Después de conocer el Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
emitido el pasado 27 de noviembre donde ratifica la imputación de numerosas
personas vinculadas con el partido socialista de Granadilla, entre las que se encuentra el actual alcalde, Jaime González Cejas; el concejal de Comunicación, Nicolás Jorge Hernández, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Esther Flores Ventura, desde Coalición Canaria instan q que es el momento de valorar lo ocurrido.

Coalición Canaria de Granadilla de Abona, lamenta que el municipio sea actualidad por este tipo situaciones, que sólo generan inestabilidad y perder el horizonte de lo verdaderamente importante, que es trabajar por el bien de los vecinos. Ahora bien, los únicos responsables de estas imputaciones por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, así como de los delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, son los que cometen este tipo de actos y no los que facilitan información o el Ministerio Fiscal por actuar. Y es que no podemos olvidar que la Justicia aunque lenta, actúa.

Los hechos mencionados en el Auto de la Audiencia son muy graves, ya que manifiesta que hubo incremento de patrimonio no justificados o de difícil justificación por parte de Jaime González Cejas, de José Antonio González Cejas y Fidel Rodríguez Gaspar, el primero como alcalde durante el mandato 2003-2007, y los otros dos como concejales del mismo gobierno de mayoría absoluta del PSOE.  Como ejemplo el Auto indica que son objeto de investigación las licencias solicitadas por la entidad Vimédano SL, dado que el alcalde en aquel momento era propietario de 440 acciones de Médano Beach Sur con un valor de más de 13.000 euros, compradas luego por Vimédano por valor de 220.000 euros. Por este motivo, la Audiencia ve relaciones entre la aprobación del Plan Parcial Médano Park y Vimédano SL, con el alcalde que era accionista de Médano Beach Sur, beneficiaria de este plan, y su consiguiente aumento del valor patrimonial, ya que los terrenos pasaron de rústicos a urbanizables. Es más,  por acuerdo del Pleno de 27 de abril de 2006, con la asistencia de don Francisco Jaime González Cejas, se aprobó sustituir la entrega de unos terrenos  que debían pasar a titularidad municipal por un convenio por la entrega a éste por la entidad Médano Beach, SA (que adquiría su propiedad) de la cantidad en metálico en la habían sido valorados los mismos por los técnicos, si bien tal valoración resultaba ser inferior a la real, tal y como se derivaría de los informes periciales al efecto obrantes en las actuaciones y recibidos con posterioridad al dictado del auto de 29 de enero de 2011, así como al precio establecido para terrenos similares que habían sido adquiridos por el ayuntamiento mediante subasta; todo ello con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. Según el Auto, en la tramitación y aprobación del citado plan parcial cabe apreciar la concurrencia de indicios suficientes de criminalidad respecto a la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y/o tráfico de influencia.

También bajo sospecha está la concesión de una larga serie de licencias. Una de ellas fue otorgada a un constructor sin que se hubieran subsanado incumplimientos advertidos en informes técnicos en materia de habitabilidad y prevención de incendios. Igualmente se detectó falta de correlación entre las superficies sobre plano de las viviendas construidas y las plazas de garajes.

El Auto también menciona la presunta comisión, por parte del imputado Nicolás Jesús Jorge Hernández, de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, por la contratación de la instalación de TDT a la empresa Handy Men con un presupuesto inicial de 89.817 euros, que  se convirtió al final en una factura de 109.602,15 euros sin que juez ni fiscal ni la Audiencia hayan entendido todavía a qué se debió esa diferencia.

Los nacionalistas de Granadilla de Abona, no comparten la forma que ha tenido Jaime González Cejas y su grupo de afrontar este procedimiento, que siempre han negado o incluso han afirmado que sólo se trataba de unos cuartos lavaderos, para intentar de esta forma restarle importancia a un procedimiento que se encuentra a las puertas de juicio oral.

El portavoz de Coalición Canaria, José Domingo Regalado, manifiesta que tras el paso de unos meses se ha demostrado que la decisión que tomó el Comité Local de Coalición Canaria de Granadilla de Abona de no pactar con el PSOE de Jaime Gonzalez Cejas, hasta que se resolviera el procedimiento judicial, ha sido la más acertada. No podemos olvidar que en la constitución de nuevo Ayuntamiento, el pasado 13 de junio, la candidatura de Coalición Canaria, encabezada por José Domingo Regalado, fue la que más apoyos tuvo, superando incluso a la de Jaime González Cejas, que finalmente ha gobernado en minoría por el número de votos al no alcanzarse la mayoría absoluta.

Por último, el clima de inestabilidad que se vive en la actualidad en el municipio no es el más deseable para sacar los proyectos importantes adelante. Coalición Canaria seguirá trabajando por y para el municipio, respetando los tiempos y los procedimientos judiciales.

Desde Sí se puede reclaman al actual alcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, que deje ya la alcaldía del municipio del sur de Tenerife. “Tendría que marcharse inmediatamente”, señaló este viernes en rueda de prensa Antonio Cabrera, miembro de la organización ecosocialista y concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Granadilla en el periodo 2007-2011.
Cabrera destacó también que el auto en el que la Audiencia Provincial ratifica los cargos por los que se investiga a Cejas y al grupo socialista en el gobierno municipal entre 2003 y 2007 “es fruto de la insistencia de Sí se puede, porque hemos mantenido la acusación particular y por el recurso que presentamos ante la Audiencia cuando fue rechazada la imputación en el primer escalón del proceso”.

“Ha sido un enorme placer llevar al banquillo a Jaime González Cejas, creemos que ha sido el gran cacique del sur de la Isla”, aseguró en el acto informativo el abogado Pedro Fernández Arcila, miembro de Sí se puede y letrado del caso que se ha hecho cargo de esa acusación particular y del recurso citado.

“A Sí se puede nos cabe la satisfacción de haber dado el primer paso y quizá el definitivo para tumbar al gran cacique que ha significado Jaime González Cejas”, dijo Arcila. A juicio de Cabrera, “hay indicios claros, estamos hablando de cosas serias, los hechos no tienen vuelta de hoja”.

El letrado detalló que los cargos por los que se investiga a Cejas y su grupo municipal en el citado periodo son “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y prevaricación en la ordenación del territorio”, para Arcila, “el caso de mayor corrupción en Tenerife quitando el Caso Arona, que es inigualable, y, desde luego, el mayor en el sur de la Isla”, aunque habría sido mayor, de haberse ejecutado, el Plan Parcial de Las Tabaibas, que se logró parar.

El abogado destacó que el auto de la Audiencia Provincial “recoge completamente cinco años después, de manera contundente, todos los elementos del recurso tanto de Sí se puede como del fiscal y se abren nuevas puertas” para otras denuncias referidas a las subvenciones en el área de Cultura y en las licencias de las placas fotovoltaicas en el municipio sureño, “algo muy importante, porque puede tener alcance insular”.

Cejas, según el abogado de la acusación particular, “ha hecho a sus anchas lo que le venía en gana, saltándose cualquier normativa y reglamento, pensando en su interés personal, en el interés de aquellos grupos que lo mantenían y en el de aquellas personas que entendían que se accedía a la política para ganar dinero y no para beneficio de la comunidad”. El letrado destacó un párrafo del auto de la Audiencia Provincial en el que se afirma claramente que existe “un contubernio entre los intereses políticos e intereses económicos y personales con la complicidad de algunos concejales del Ayuntamiento de Granadilla y de todo el equipo que gobernaba este ayuntamiento”.

Desde el punto de vista de Sí se puede, dijo Arcila, “en gran medida esto tiene que ver con el gran momento del desarrollo urbanístico, en el que ya sabemos en aquella época la manera cómo gestionaban los regidores municipales los asuntos de interés público… empresas donde estaban concejales como administradores solidarios, empresas donde estaban familiares de políticos que decidían en las juntas de gobierno la tramitación de licencias, el impulso de los planes parciales…, nada nuevo de lo que se sabía que pasaba en el sur de la isla, pero que entre 2007 y 2011 tuvimos la suerte de tener de concejal a Antonio Cabrera en el área de Medio Ambiente con la intención de limpiar el municipio de Granadilla, como así ha sido”.

Por último, Arcila destacó que la resolución de la Audiencia Provincial  se tomó sin añadir pruebas diferentes a las que ya había analizado el juzgado de Granadilla, que, además, fue muy lento en alcanzar sus conclusiones.

Cabrera concluyó señalando que Sí se puede, como formación política nueva surgida de los movimientos ciudadanos, mantiene entre sus principales señas de identidad el objetivo de la regeneración democrática, para que “las instituciones sean transparentes, porque al gestionar recursos públicos deben atender los intereses generales”.