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Tenerife 02 de Marzo de 2016
El Cabildo y los ayuntamientos avanzan
en la regulación de los procesos de
participación ciudadana
El Palacio Insular acogió un encuentro con los responsables políticos y técnicos de las corporaciones locales. "Se trata de orientar el servicio público hacia quien le pertenece, que es a la ciudadanía. Estamos desarrollando un trabajo interno que redundará en una mayor apertura de las instituciones", manifestó la consejera de Participación Ciudadana.
El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería delegada de Participación y Atención Ciudadana, mantuvo un encuentro con el personal político y técnico municipal con el fin de avanzar en la elaboración de los reglamentos de participación ciudadana cuyo plazo de finalización se ha prorrogado por parte del Gobierno de Canarias de junio de 2016 a enero de 2017 con el fin de que haya tiempo suficiente para su definición.
La consejera de Participación Ciudadana, Coromoto Yanes, recuerda que el Cabildo ofrece su colaboración a los ayuntamientos de la Isla para implantar la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias, que establece la creación de reglamentos y órganos de participación ciudadana en las entidades locales. Al efecto, el Cabildo está elaborando una guía insular para la elaboración de dichos reglamentos municipales. Yanes indicó que los consejos de participación ciudadana deberán también estar aprobados para enero de 2017, con las debidas excepciones en la denominación y forma de este organismo en base al número de habitantes de cada municipio.
En el encuentro celebrado ayer se llevó a cabo una puesta en común de dudas sobre la puesta en marcha del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana. Asimismo, con el fin de cumplir los nuevos plazos, tanto los técnicos del Cabildo como los de los ayuntamientos llevaron a cabo una planificación de las fases del proceso de elaboración y revisión de esta normativa, según las previsiones de la Ley de Municipios.
La finalidad última de estos encuentros de carácter técnico es estimular la implicación ciudadana en la gestión pública, regulando sus procedimientos y garantizando su derecho a intervenir en los asuntos de interés general que le afectan. "Se trata de orientar el servicio público hacia quien le pertenece, que es a la ciudadanía. Estamos desarrollando un trabajo interno que redundará en una mayor apertura de las instituciones", manifestó la consejera de Participación Ciudadana.
