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Canarias 29 de Febrero de 2016
Canarias reprocha al Ministerio que con 351.476 euros no se puede modernizar la Administración de Justicia
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad considera “insuficiente” la partida presupuestaria del Estado para el programa de mejora y reforma de la Justicia.

Las Canarias recibirá este año del Ministerio de Justicia un total de 351.476 euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, una cantidad que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, considera   "claramente insuficiente" para poder facilitar la implantación de mejoras en este servicio público esencial. El crédito para 2016, lamentó Afonso, supone apenas 3.882 euros más que la partida presupuestaria recibida el pasado ejercicio.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad expuso hoy, tras el pleno de la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia, que "si queremos desplegar mejoras que incidan en un servicio público de mayor calidad, con estos escasos 351.476 euros no vamos a solucionar las necesidades de la Justicia canaria".

Este reparto, precisó Afonso, "se distancia mucho de nuestro objetivo que no es otro que dotar de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia".

El Gobierno de Canarias, insistió el consejero, "está realizando un gran esfuerzo de mayores medios materiales y personales para prestar un servicio de calidad adaptado a las nuevas tecnologías".

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, recordó, además de llevar a cabo una renovación total del equipamiento informático "ha tenido que trabajar a contrarreloj en los últimos meses" para que desde los órganos judiciales puedan presentar escritos y documentos y realizar actos de comunicación procesal a través del sistema telemático Lexnet, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil el pasado 1 de enero.

"Apostamos por la modernización en los procedimientos judiciales", recalcó Afonso, "pero con una planificación y no de manera improvisada y sin cobertura financiera como ha hecho el Ministerio". En tal sentido, le solicitó que establezca una moratoria para que puedan convivir el papel y la comunicación telemática hasta que Lexnet esté plenamente integrado en Atlante II e incorporada la firma electrónica.

El consejero detalló que los criterios que ha empleado el Ministerio para la distribución del crédito de seis millones de euros para el proyecto de mejora y reforma de la Justicia entre las comunidades con competencias en la gestión de medios materiales y personales son: la población de derecho (datos referenciados a 1 de enero de 2015); la litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en el año 2015) y la planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2016).

Durante la reunión también se abordó, entre otros asuntos, el estado de implantación de la comunicación telemática de recién nacidos desde los hospitales a los registros civiles. A través de esta medida, actualmente instalada en todos los hospitales públicos de Canarias, se han comunicado un total de 1.636 nacimientos.

Asimismo, se trató la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), integrada en el Ministerio de Justicia y que tiene asignada la función de incrementar la eficacia de la recuperación de bienes cuya procedencia esté basada en la comisión de un delito, así como la colaboración de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el Instituto Nacional de Estadística.

Reunión con la secretaria de Estado de Justicia
Antes de la reunión de la Sectorial de Justicia, el consejero mantuvo un encuentro con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, a quien solicitó la posibilidad de que la tramitación del convenio de modernización para la mejora y la reforma de la Justicia sea con carácter plurianual o, al menos, con opción de prórroga. Al mismo tiempo, le trasladó el interés del Gobierno de Canarias en que se incluya la atribución de funciones a un letrado de la Administración de Justicia a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para la colaboración en la ejecución del proyecto de la oficina judicial y fiscal en Canarias.

Por tal motivo, Afonso expuso a la secretaria de Estado la viabilidad de aprobar un programa plurianual para la implantación del expediente judicial electrónico y el nuevo modelo organizativo en las Islas.
Foto Dux Garuti