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Tenerife 04 de Abril de 2016
CC y PP remitirán a los servicios jurídicos las cláusulas sociales propuestas por Iuc para comprobar si se ajustan a la legalidad
Sí se Puede apoya la moción porque supondrá un control sobre las empresas que impedirá que se repitan casos como el despido de Yurena del albergue.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, acordó hoy remitir a los servicios jurídicos de la corporación local la moción presentada por Izquierda Unida Canaria para incluir cláusulas sociales en los contratos públicos aduciendo que algunas pueden ser “alegales” y que es necesario “una revisión del texto”. “Tampoco podemos situarnos en una situación de no mercado estableciendo condiciones leoninas que imposibiliten la concurrencia de las empresas”, dijo el concejal del área.
Asún Frías, concejala de Sí se puede, apoyó la moción porque “viene a completar la presentada por Ssp en 2011” y que ya adoptó la corporación local, “porque añade la nueva normativa comunitaria europea”. Frías afirmó que el texto de la moción tiene en cuenta también factores como la dimensión comunitaria del proyecto, el retorno social del contrato o su adaptación a las necesidades de los grupos receptores, exigencias “que impedirán despidos como el de Yurena del albergue municipal”, refiriéndose al caso de la trabajadora a tiempo parcial en grave riesgo de exclusión social despedida del albergue municipal por llevarse tres panes y unas lonchas de queso para dar de comer a sus hijas.
La moción presentada por Izquierda Unida Canaria pide que incluyan en los contratos públicos las clausulas de igualdad y estabilidad laboral, entre otras. Además propone que se premie a las empresas que fomenten la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral o colectivos especialmente afectados por el desempleo: mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años, personas paradas de larga duración, mujeres con especiales dificultades: mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia de género, con discapacidad y transexuales.
También plantea establecer un criterio de puntos para aquellas empresas que desarrollen políticas de fomento de empleo entre las personas con discapacidad, así como aquellas que beneficien la contratación de mujeres y a las que secomprometan a aplicar una serie de medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar en la ejecución del contrato y que mejoren los mínimos establecidos para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
Ramón Trujillo defendió en la sesión plenaria celebrada hoy en la corporación local la aplicación de estas medidas, que ya están siendo adoptadas por numerosos ayuntamientos del país. Estas nuevas normas fijan una serie de criterios de protección de los trabajadores y de sus puestos de trabajo en un momento de crisis aguda de los derechos laborales.
Izquierda Unida propuso puntuar también factores como la dimensión comunitaria del proyecto, el retorno social del contrato o su adaptación a las necesidades de los grupos receptores; todas medidas que vienen a subrayar la necesidad de establecer acuerdos contractuales adaptados a la situación económica y social que atraviesa la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
En el apartado de Calidad en el empleo, la moción establece una serie de compromisos que deberán ser adoptados por la empresa que aspire a un contrato con el Ayuntamiento. Recibirán mayor puntuación aquellas que implementen sistemas de participación democrática y de toma de decisión de los trabajadores y trabajadoras que ejecutarán el contrato o que incluyan acciones de educación, formación e información para la plantilla y que tenga en cuenta la perspectiva de género. Incluye además la posibilidad de que la empresa que incumpla las obligaciones contractuales de las cláusulas sociales sea penalizada económicamente y el contrato sea rescindido.
Foto: Dux Garuti.
Foto: Dux Garuti.
