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Canarias 12 de Septiembre de 2015
El PSOE arranca el compromiso de la Cámara para pedir al Estado la revisión de la ley reguladora del indulto
Gustavo Matos explica que el objetivo es evitar casos como el de Josefa Hernández.
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves, la proposición no de ley defendida por el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Gustavo Matos, por la que se pide al Gobierno de España que promueva las reformas legislativas de la ley reguladora del indulto como de la ley procesal penal a los efectos de que en determinados supuestos, opere de manera automática la suspensión de la condena hasta que la solicitud de gracia sea resuelta.
En su intervención, Matos recordó el reciente caso de Josefa Hernández, una ciudadana de Fuerteventura que fue condenada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, sentencia ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, a una pena de seis meses de prisión por un delito contra la legalidad urbanística al edificar en su día en un emplazamiento protegido del municipio de Betancuria.
“Esta vecina finalmente tuvo que ingresar en prisión en día 24 de agosto, toda vez que el titular del Juzgado encargado de la ejecución de la sentencia no tuvo a bien suspender la misma hasta que el indulto solicitado debidamente dentro del procedimiento fuera concedido por el Gobierno de España”, señaló, y destacó que esta situación dio lugar a una gran movilización social y ciudadana no solo en toda Canarias, sino que el caso tuvo tal trascendencia que se convirtió en noticia de ámbito nacional.
“Finalmente, toda esa presión de colectivos ciudadanos, plataformas antidesahucios, partidos políticos, etcétera, dio sus frutos y finalmente el Gobierno de España procedió a resolver el expediente y aprobar la medida de gracia”. Matos subrayó que el caso de Josefa Hernández “ha sido paradigmático, pero desgraciadamente no ha sido el primero, ni tampoco, si no lo evitamos, será el último”.
Resaltó que la medida de gracia fue solicitada por la afectada el 25 de marzo de 2015 dentro de su procedimiento penal a los efectos de evitar su entrada en prisión, así como el hecho de que inmediatamente, instituciones como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria instaron al Ministerio de Justicia a agilizar su tramitación y que existieron dos informes de la Fiscalía del Estado favorables tanto a la medida de gracia como a la suspensión de la condena, “sin que todo ello evitara que se produjera la situación límite que se creó y la necesidad de la movilización ciudadana para resolver el asunto”.
Por todo ello, insistió en la necesidad de que se proceda a una modificación legislativa a los efectos de que casos como éste no se vuelvan a producir. Diversas consultas del Ministerio Fiscal, como sentencias del Tribunal Constitucional, coinciden en señalar que en casos similares, en las que las penas a las que los ciudadanos han sido condenados es de corta duración, resulta incongruente que solicitada la medida de gracia por el penado, no se produzca la suspensión de la condena hasta tanto su petición sea estudiada y resuelta, puesto que en estas situaciones puede darse casos en los que la resolución favorable de la solicitud se produzca o bien con una parte importante de la condena ya cumplida o incluso su totalidad, lo que privaría de facto de la posibilidad efectiva de hacerse merecedor de la medida de gracia”, expuso. Gustavo Matos hizo hincapié en que el Gobierno de España debe acometer las reformas legislativas precisas para evitar estas situaciones.
