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Sucesos. 3 de Septiembre de 2015
Detienen en Arona a seis personas implicadas
en delitos contra la seguridad social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la libertad sexual
Los falsos trabajadores eran captados en la zona de Guaza.

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Investigación (GIE) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Sur de Tenerife, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en el Sur de Tenerife y ha desmantelado una "empresa ficticia" que habría defraudado al ente público alrededor de 41.000 euros, a través de simulaciones de contratos a inmigrantes, que a su vez conseguirían ciertos beneficios administrativos y fiscales como permisos de residencia o subsidios por desempleo.
Por el momento, un total de 6 personas han sido detenidas y dos personas imputadas en el transcurso de la investigación.

Los agentes después de varios meses de investigación consiguen desarticular una "trama empresarial" que gracias al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, suscrito en abril de 2013, ha podido salir a la luz.

Entre los detenidos se encuentra el presunto impulsor de la empresa ficticia, un abogado que posee una gestoría en la zona de Guaza, en el municipio de Arona, el que presuntamente se encargaba de captar a los inmigrantes a quienes ofrecerles contratos a cambio de una cierta cantidad de dinero.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, se tiene constancia de que además, en algunos casos el contrato de trabajo se habría facilitado a cambio de favores sexuales. Al menos habría vendido un contrato de trabajo a una de esas personas a cambio de mantener relaciones sexuales.

La Policía Nacional recomienda que ante la sospecha de que los contratos puedan adolecer de legalidad, las posibles situaciones de residencia autorizadas con los mismos se revisarían perdiéndose la vigencia de la regularización.

El cabecilla de la trama fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción numero Uno de Arona, encontrándose en la actualidad en libertad con cargos a espera de juicio, quedando el resto de detenidos en libertad.
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