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Canarias 15 de Octubre de 2015
La Cámara pide más medidas de apoyo
a las empresas para afianzar la recuperación en un contexto de precios a la baja

El Pleno del Parlamento aprobó ayer, una proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista Canario, en la que insta al Gobierno de Canarias a que, a su vez, pida al Gobierno de España iniciar un proceso de diálogo para “definir y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores”.

El objetivo es que el nuevo Estatuto permita “recuperar la consideración de derechos” y posibilite, entre otras cosas, “acabar con la figura de los falsos autónomos que dependen  económicamente de una sola empresa”, de manera que sean considerados como un trabajador por cuenta ajena con los mismos derechos que los demás.
El texto aprobado, que fue defendido por el diputado socialista Héctor Gómez, destaca la necesidad de incorporar como ejes de este nuevo Estatuto de los Trabajadores “la recuperación de la negociación colectiva y el derecho al tiempo en el trabajo”. Además, aboga por “acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y aumentar el salario mínimo interprofesional hasta lo determinado en la Carta  Social Europea”.

En el debate de esta iniciativa participaron los diputados Juan Pablo Rodríguez Valido, por el Grupo Nacionalista Canario; Astrid María Pérez,  por el grupo Popular; Luis Alberto Campos, del Grupo Nueva Canarias; Noemí Santana,  por el Grupo Podemos; y Melodie Mendoza, por el Grupo Mixto.

Un nuevo escenario laboral
De acuerdo con los antecedentes recogidos en la proposición no de ley, el Parlamento de Canarias entiende que, dada la realidad del mercado laboral  en Canarias y en el conjunto del Estado, “es necesario acometer acciones de carácter estructural que provoquen un nuevo escenario del mercado de trabajo orientado a la generación de empleo y, en la misma medida, que garantice los derechos de los trabajadores”.

En esta línea, otra de las reformas que se proponen se refiere a la figura del becario, en relación con la cual el texto aprobado pide suprimir la condición de falso becario, estableciendo una definición estricta de esta figura, “de manera que se exija que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva”, según se recoge en los antecedentes de la proposición no de ley.