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Canarias 21 de Octubre de 2015
El Gobierno desbloquea parques eólicos para duplicar las energías renovables en Canarias
Pedro Ortega cifra en un 178% el aumento de potencia que los promotores podrían instalar a partir de diciembre de 2015.
El proceso para agilizar los proyectos de nuevos parques eólicos que de forma conjunta están realizando las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Política Territorial y Sostenibilidad supondrá que el próximo año Canarias esté en condiciones de instalar al menos un 178% más de la potencia actual. Esto supondría duplicar la penetración del total de fuentes renovables en las Islas hasta alcanzar el 22% desde el 11% vigente, según explicó ayer a los representantes del sector el consejero Pedro Ortega.
Ambos departamentos del Ejecutivo autonómico trabajan intensamente desde la formación del nuevo gobierno el pasado mes de julio para facilitar que el máximo número de proyectos eólicos accedan al cupo de 450 megavatios abierto por el Estado y cuyo plazo finaliza el próximo 31 de diciembre.
Según las estimaciones realizadas por el titular de la Consejería de Economía tras realizar un primer balance, a los 151 megavatios instalados actualmente en el Archipiélago se podrán incorporar, como mínimo, otros 270 lo que significará un incremento del 178%, es decir, triplicar el grado de penetración de la energía eólica en Canarias.
Para Ortega, "se trata de un gran salto que se produciría gracias al diálogo con el Estado y al esfuerzo que está realizando este gobierno fruto de nuestro compromiso para desbloquear las trabas que existían".
El consejero añadió que tras largos años de paralización y conflictos judiciales "la energía eólica despega en las Islas". En este sentido, destacó que se está ejecutando un plan de trabajo con el objetivo común de elevar el grado de penetración de esta fuente en el Archipiélago.
De este modo, se alcanzó un acuerdo con el ministerio de Industria para retirar el recurso interpuesto por el Estado al decreto canario 6/2015 que eliminaba el sistema del concurso público como fórmula para adjudicar la potencia eólica, ofreciendo así plena seguridad jurídica a los inversores.
