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Canarias 23 de Octubre de 2015
Ante el dato de 28,56% de paro en Canarias, CCOO demanda medidas urgentes para incentivar la inversión y crear empelo
de calidad
Canarias vuelve a estar entre las Comunidades Autónomas con mayor tasa de paro (28,56% frente al 21,18% nacional). El dato es objetivamente bueno pero, como se ha apostado por la desigualdad con políticas económicas que tienen como objetivo el devaluar las condiciones sociolaborales, se ha demostrado que no sólo ha solucionado los problemas, sino que los ha empeorado en materia de distribución de la renta. Es por ello que se demanda de forma urgente un cambio de orientación en las leyes presupuestarias próximas a ser aprobadas con la finalidad de incentivar la inversión y el empleo de calidad, dado que si éste, no hay recuperación alguna.
Desde un punto de vista propositito, no hay que olvidarse de la corrección del déficit público, sino de su acompasamiento con la estructura económica de cada región. Es por ello que hay que revisar los proyectos de ley de presupuestos con el fin de incrementar los recursos públicos para la inversión, junto a políticas que sostengan el poder adquisitivo de las familias con el objeto de fomentar el consumo así como una tributación con mayores dosis de progresividad fiscal con la finalidad de evitar un mayor deterioro que la cohesión económica y social. De igual modo, el potenciar los coeficientes de arrastres intersectoriales, de forma que sea el que muestra más dinamización desde la perspectiva del empleo e inversión el que potencie la cartera de pedidos del resto que actualmente no posee vitalidad alguna.
Examinar las alternativas que contribuyan a cambiar la desigualdad y ayudar a colocar la lucha por la igualdad debe ser el centro del debate político, de modo que cuando se trata de legislar sobre uno de los ejes básicos de la democracia como es el modelo de relaciones laborales, aquellos partidos que aspiran a gobernar deberían ser más rigurosos y valientes. Es por ello que hay que reclamar al Gobierno la apertura de un proceso de negociación para centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social.
