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Canarias 24 de Noviembre de 2015
El Colectivo El Guincho/Ecologistas en Acción denuncia que un año después del comienzo
de las prospecciones en Canarias, el Gobierno del PP sigue sin aplicar las restricciones europeas a las perforaciones marinas
La Comisión Europea ha constatado que el Gobierno de España no ha cumplido con la exigencia de adaptar a la legislación nacional lo recogido en la Directiva sobre seguridad en alta mar (2013/30/UE). El plazo de dos años para realizar esta aplicación finalizó el pasado 19 de junio, por lo que la Comisión Europea ha enviado un requerimiento al Gobierno español para que cumpla con la norma europea en dos meses… Afortunadamente, parece que no será el Gobierno de Rajoy el encargado de hacerlo.
Todo ello llega además justo en la misma semana en que se cumple un año del ataque a los activista de Greenpeace en alta mar y del comienzo de la perforación de Repsol, pese a la oposición de Canarias.
Esta iniciativa de la CE se ha adoptado a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de agosto por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote ‘El Guincho – Ecologistas en Acción’, en la que se advirtió que el Gobierno de España había incumplido el Derecho Comunitario, al no haber tramitado aún la adaptación española de la mencionada Directiva.
La Directiva multiplica los requisitos a las empresas petroleras y a los estados para poder autorizar operaciones relativas al petróleo y gas en mar abierto, con el objeto de prevenir accidentes y limitar sus consecuencias.
Esta Directiva Europea también permite el acceso a la información por parte de los ciudadanos y obliga a los estados a mantener una posición independiente frente a los intereses petroleros.
Su aprobación se llevó a cabo a raíz de las consecuencias de los accidentes en explotaciones petrolíferas en mar abierto, especialmente en el Golfo de México, y ante las demandas de colectivos sociales e instituciones alertados por iniciativas como la del Gobierno de España para realizar explotaciones petrolíferas marinas, que incluso denunciaron la lentitud con la que Europa actuaba.
Ya se ha venido advirtiendo reiteradamente que frente a esta lentitud en Europa, en el Gobierno de España todo eran prisas para tramitar el expediente de la petrolera Repsol en Canarias antes de que entrara en vigor esta Directiva europea.
Gracias a estas prisas del Gobierno de Rajoy, la operadora se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes. Todo, a favor de las cuentas de la multinacional petrolera.
Desde ‘El Guincho – Ecologistas en Acción’, se subraya que el servilismo del Gobierno de España hacia los intereses petroleros va incluso más allá, como queda demostrado: incumple las indicaciones de Europa y deja preparado un marco legal favorable a los intereses y a los balances económicos de las petroleras, a costa del interés público.
En su artículo 41, la Directiva 2013/30/UE que España no ha aplicado aún, señala que «los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 19 de julio de 2015».
Ante ello, lo único que ha hecho el Gobierno de España ha sido comunicar a la Comisión Europea que ha adaptado su Derecho interno a la Directiva 2013/30/UE a través de la Ley 11/2014, de 3 de julio.
Sin embargo la citada Ley 11/2014, en lo que se refiere a la Directiva 2013/30/UE, tan sólo pretende adaptar el Derecho español en un aspecto concreto: el concepto de daño en el estado ecológico de las aguas continentales y marinas. Todo lo demás no existe para el Gobierno de España. Todo lo demás no le interesa el al Gobierno de España ni a las petroleras.
