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Canarias 21 de Noviembre de 2015
Políticas Sociales aumentará el personal
y la financiación en materia de Dependencia
La Consejería contempla incrementar en 22 personas los efectivos personales y dotar con casi 10 millones para “hacer frente a los atrasos y dar un empuje al número de altas en el Sistema”.

"Más recursos y más personal son las claves del Plan de Choque que nuestra Consejería pone en marcha no sólo con el objetivo de cumplir con la Ley de Dependencia, sino para dar de alta este año a 600 dependientes en el Sistema y a otras 3.000 personas durante 2016", anunció ayer, en comisión parlamentaria, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández. "Tener pocos recursos humanos y mal enfocados es lo que ha generado una mala gestión", subrayó.
En este sentido, aclaró que, de "enero a junio de 2015, se incorporaron al sistema de Dependencia 464 dependientes, mientras que de julio al 30 de octubre se han incorporado 932 personas a los que hay que sumar las 600 nuevas altas que prevemos incorporar, es decir, hemos triplicado en tan solo unos meses el número de altas en el sistema de Atención".

Según explicó Hernández, "estamos trabajando para la incorporación de personal suficiente para estudiar, valorar y resolver las solicitudes pendientes. Son necesarios equipos de personal, médicos, psicólogos, asistentes sociales y auxiliares administrativos en número suficiente para abordar el proceso de evaluación y concesión de los PIA".

A nivel de recursos humanos, aclaró que el plan de choque se concreta en la contratación de personal, con carácter temporal, para la creación de dos equipos de trabajo: uno en Las Palmas de Gran Canaria, y otro en Santa Cruz de Tenerife, dedicados exclusivamente a resolver la bolsa de solicitudes pendientes, que ya están valorados y pendientes de una propuesta y resolución PIA; es decir, pendientes de ofrecerles una prestación de Servicio.

La propuesta de personal se concreta así en unas 22 profesionales, 11 en cada provincia, para la realización de las funciones de grabación en el aplicativo informático, citar, valorar, realización propuesta PIA, elaborar resoluciones, cálculos económicos y emisión de dictámenes.

En relación a la financiación, Hernández subrayó la necesidad de dotar con un mayor presupuesto al área de Dependencia, "que pueda dar respuesta al actual número de beneficiarios, al tiempo que damos respuesta, también, a las nuevas altas que daríamos con esa importante labor de resolución de solicitudes pendientes de resolver".

En este sentido, la vicepresidenta aludió a que "la aportación que hace el Estado en este capítulo no es ni suficiente ni adecuada para la Comunidad Autónoma de Canarias. En Canarias, el gasto público en el sistema, en 2014, fue de 95,3 millones de euros, de los cuales 25 millones fueron aportados por la AGE a través del nivel mínimo; es decir, un 26% del total. A pesar de que el Gobierno de Canarias intenta hacer un esfuerzo por mejorar los recursos del sistema, ese esfuerzo ha sido insuficiente para hacer frente al quebranto de recursos provocado por las políticas de Rajoy".

En este punto, indicó que "el sistema de dependencia se activará mediante dos actuaciones preferentes: el incremento de los fondos disponibles para dar cobertura a las prestaciones de servicios que reciben las personas dependientes; la cuantía del programa se eleva en 7,7 millones de euros porque sin fondos suficientes hay que paralizar la concesión de altas en el sistema".

Por ello, aclaró la vicepresidenta, "se ha proyectado su abordaje en dos fases: una primera en el ejercicio 2015 con una dotación de 1.951.184,53 euros que permitiría hacer frente actualmente al pago de atrasos y sostenimiento de 600 nuevas altas hasta final de año. Con lo que dejaríamos de engrosar la lista de "pendientes".

"Y, como segunda fase para el ejercicio 2016, con un aumento presupuestario aproximado en materia de dependencia de 7,7 millones de euros. Para dar un empuje al número de altas y dar una respuesta a los miles de solicitantes pendientes", explicó.

"El Gobierno pone en marcha este Plan de Choque con el objetivo fundamental de dar respuesta y atender al mayor número posible de solicitudes y para gestionar el reconocimiento de la situación de dependiente. Es decir, ofrecer un servicio o prestación que pueda atender esta situación, que traiga como consecuencia directa una mejora en la calidad de vida de estas personas es, por tanto, un objetivo prioritario de nuestra política en este ámbito", concluyó Hernández.