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Canarias 14 de Marzo de 2015
En la actualidad, ningún joven cumple una medida judicial en régimen cerrado
La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, abordó en comisión parlamentaria la situación actual de los centros bajo medidas judiciales.
"En la actualidad, ningún joven cumple una medida dictada por un juez en régimen de internamiento cerrado", informó ayer, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en comisión parlamentaria donde abordó, a petición del grupo parlamentario socialista, la situación de los centros de menores bajo medidas judiciales. En su intervención, la consejera de Políticas Sociales matizó que la reducción en la cifra de jóvenes que cumplen medidas judiciales tiene su motivación en circunstancias como, por un lado, la ampliación de recursos en régimen abierto y semiabierto, y por otro, la labor en materia de rehabilitación y reinserción del menor.
En general en los últimos años se mantiene una tendencia similar en la cifra de jóvenes que cumplen medidas en el Archipiélago: si en diciembre de 2008, habían 692 jóvenes los que cumplían una medida, esta cifra se mantiene similar en 2014 con 821.
En su intervención, Rojas puso en valor en valor el descenso en cuanto a la gravedad de los delitos y al cumplimiento de medidas en régimen cerrado. De hecho, si a finales de 2008 había 163 jóvenes, a fecha de 31 de diciembre de 2014, hay tan solo 12.
En cuanto al medio abierto, si en 2008, 529 jóvenes cumplían una medida en abierto esta cifra ha ido aumentando de forma paulatina hasta 2014, con 711 jóvenes, mientras que, en el régimen semiabierto, también se mantiene la tendencia, pasando de los 121 jóvenes que cumplieron una medida en semiabierto en 2008 a los 108 que lo hicieron en 2014.
Según explicó la consejera de Políticas Sociales, "Canarias ha optado por un modelo garantista de derechos, un modelo de diseño público, en el que la planificación, los programas y la inspección se lleva a cabo por parte de la entidad pública integradora de menores, o sea la dirección general de Protección del Menor y la Familia, la gestión de los centros por una Fundación Pública y la inserción se realizan a través de los sistemas públicos de sanidad, educativo o de empleo".
Canarias ha diseñado un sistema que incluye la figura del jurista en los centros, que junto con las inspecciones del Servicios de Medidas Judiciales, y por supuesto las de la fiscalía, garantiza el día a día de los menores que tiene acceso a la información y acciones que tengan que ver sobre sus derechos.
"En este sentido, - indicó Rojas- hay que recordar que la gestión de los centros la ejecuta una Fundación Pública, la fundación IDEO, una opción que ha demostrado su capacidad no sólo para cambiar el modelo de gestionar los centros, sino para mejorar cuestiones tan importantes como la propia formación del personal".
"Entendemos que no se pueden obtener resultados sin una política activa de recursos humanos o la clara apuesta por la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes como medida para que no vuelvan a delinquir", afirmó.
En opinión de la responsable del área, "la mejor vía para la recuperación del joven al joven que cuenta con una medida judicial, es la apuesta por su inserción", que se facilita mediante la obligación que tienen los jóvenes a incorporase a un programa sea este educativo, laboral o de desintoxicación. Para ello, se confecciona un programa educativo individual, cuyo propósito final es la inserción o reinserción del joven.
617 jóvenes optaron a un programa de reinserción en 2013
Durante 2013, 617 jóvenes optaron a un programa de reinserción, sea este educativo, de desintoxicación y de inserción laboral.
Según explicó la consejera, en el mismo periodo, o sea en 2013, 36 chicos optaron a un contrato laboral. En un contexto de crisis económica y teniendo en cuenta que la mayor parte de los chicos y chicas tienen edades comprendidas entre los 14 y los 23 años, hay que poner desde luego en valor que 36 de ellos hayan optado a un contrato laboral.
Hay que recordar que el proceso de inserción es un proceso obligatorio. De esta forma, el Gobierno de Canarias, desarrolla un conjunto de programas que, de forma integral, tienen como objetivo ayudar a los jóvenes a atajar y superar los factores que llevaron a la comisión de la infracción así como acompañarles en el proceso de maduración y autonomía que les lleve a convertirse en adultos responsables, agentes activos en su realidad y participantes en la sociedad.
