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Canarias 25 de Junio de 2015
El Gobierno acata la sentencia del TC
y adaptará el reglamento de consulta
al marco constitucional
El Ejecutivo ve viable utilizar la reforma del Estatuto de Autonomía para perfeccionar el encaje jurídico de esta innovadora herramienta de participación ciudadana.
El Gobierno de Canarias acata el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulos algunos preceptos del Reglamento de Consulta Ciudadana aprobado por el Ejecutivo autonómico mediante el Decreto 94/2014, de 25 de septiembre. El Ejecutivo canario considera que la STC es profusa y detallada y deja claras las bases con el fin de mejorar el reglamento para su completo encaje en el marco constitucional, tarea en la que comenzará a trabajar el Gobierno canario.
Concretamente, la STC declara nulos por vulnerar la Constitución Española, los artículos del 9 al 26 del reglamento de consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estos artículos son los que desarrollan el sistema de consulta a la ciudadanía por pregunta directa. El ejecutivo canario recuerda que se trata de una materia jurídica muy novedosa con la que se ha intentado dotar a la comunidad autónoma de un mecanismo para canalizar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma para que ésta influya en la toma de decisiones políticas.
El Gobierno canario interpreta que los argumentos jurídicos contenidos en la STC permiten al Ejecutivo autonómico profundizar en la búsqueda de una redacción del articulado acorde con los límites constitucionales descritos por el Tribunal. Además, el Gobierno canario recuerda que en estos momentos está abierto el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que el Parlamento de Canarias ha elevado la propuesta de reforma a las Cortes Generales para su debate. Este proceso legislativo podría permitir hacer cambios en el Estatuto de Autonomía de Canarias que faciliten el correcto encaje constitucional del sistema de consulta a la ciudadanía en el archipiélago.
El Ejecutivo autonómico considera que el desarrollo de la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana es un camino sin retorno que el Gobierno de Canarias ha iniciado en la VIII Legislatura y que deberá continuar desarrollándose en el futuro, ya que responde a una demanda generalizada de la ciudadanía. En el siglo XXI, la sociedad exige un aumento de su influencia en la toma de decisiones políticas que afectan a sus condiciones de vida individual y colectiva, para lo que es necesario diseñar herramientas y fórmulas jurídicas novedosas que atiendan con garantías jurídicas este creciente interés por la participación.
