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Canarias 27 de Julio de 2015
El Gobierno de Canarias pide la convocatoria urgente de la Comisión General
de Comunidades Autónomas del Senado
El Consejo de Gobierno acordó hoy solicitar una reunión urgente de este órgano, para debatir la aplicación de la Lomce.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, con un único punto en el orden del día: valoración de la situación actual del proceso de implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en cada uno de los territorios y, en su caso, adopción de los acuerdos oportunos.

El Gobierno autónomo adoptó este acuerdo al entender que la nueva Ley se aprobó sin el necesario consenso, no responde a las necesidades educativas reales de la población de las Islas, carece de una ficha financiera suficiente para su implantación y, sobre todo, establece unos plazos de muy difícil cumplimiento.
Ante estas carencias, el Gobierno de Canarias propone detener la implantación de la Lomce y abrir un proceso de diálogo sobre todas las debilidades y carencias detectadas en el nuevo sistema, desde el mismo momento de su implantación. Así, podrá alcanzarse un consenso general que permita mejorar el sistema e implantarlo de una manera más racional y, ante todo, más pausada, de modo que su desarrollo se adecue a las capacidades reales de adaptación curricular y financieras, tanto del Estado como de cada una de las Comunidades Autónomas.

Entre los desaciertos de la Ley, figura la creación de la denominada Formación Profesional básica que amplía de uno a dos años su duración, con lo que incrementa un año la escolarización obligatoria, con la consiguiente necesidad de dotación de nuevos recursos humanos y económicos, en el escaso margen temporal que exige el calendario de implantación vigente. Al mismo tiempo, incide en esa necesidad urgente de mayores dotaciones con la obligación de duplicar los cursos de 3º y 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), al imponer dos vías alternativas para la formación del alumno: la académica y la aplicada.

Además, la Lomce establece una serie de pruebas añadidas a la superación de los cursos académicos ya establecidos, que complican de forma injustificada la progresión de los alumnos. Así, la Ley obliga a realizar exámenes adicionales a los estudiantes que superen todas las asignaturas de 3º y 6º de Educación Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Si bien las de Primaria no suponen un freno a las posibilidades del alumnado de pasar de curso, no superar las de ESO o Bachillerato, impiden al estudiante continuar sus estudios, perdiendo un año académico hasta las pruebas del curso siguiente, aunque hayan superado todas las asignaturas.

Con su decisión de hoy, el Gobierno de Canarias quiere mostrar su rechazo a estas y otras disfunciones detectadas en el nuevo sistema, que se ven acentuadas por los cortos plazos de adaptación, aunque, por tratarse de una Ley Orgánica, sigue trabajando intensamente para aplicarla mientras el Estado no cambie de criterio, con el fin de perjudicar en la menor medida posible a la Comunidad Educativa canaria.