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Canarias 14 de Julio de 2015
El CERMI Canarias insta a las instituciones
a actuar con urgencia y contundencia contra
el juego ilegal
Apoya las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE en contra de
las actividades ilícitas de juego, que se desarrollarán en todas las Comunidades Autónomas.
El movimiento social de la discapacidad en Canarias, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (CERMI Canarias), insta a todas las Administraciones públicas a que dentro del ámbito de sus competencias, actúen con contundencia contra los entramados de juego ilegal que usan como coartada social la imagen de personas con discapacidad, pero que en realidad suponen un fraude a los consumidores y dañan de modo irreparable las actividades de juego genuinamente social como el de la ONCE.
CERMI Canarias denuncia la tolerancia culpable de los poderes públicos -estatal y territoriales- con la lacra del juego ilegal que viene actuando durante décadas al margen del ordenamiento jurídico sin que sus promotores sean perseguidos y sus actividades clausuradas y desmanteladas de raíz.
Ante esta generalizada inactividad de las Administraciones, el CERMI Canarias recuerda el deber inexcusable de todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad, lo que significa actuar penal, gubernativa y administrativamente contra las redes de juego ilegal que usan a las personas con discapacidad como pantalla pretendidamente social pero que solo sirven a intereses particulares inconfesables.
En especial, el movimiento organizado de la discapacidad insta a las Administraciones a clausurar y desmantelar a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID), el principal entramado de juego ilegal en España, sobre el que pesan multitud de sentencias, resoluciones administrativas y expedientes sancionadores declarando su absoluta ilegalidad y que no obstante sigue operando a sus anchas, ante la pasividad de los poderes públicos competentes.
Para acabar con esta inacción, el CERMI Canarias se adhiere y respalda las movilizaciones del sindicato mayoritario de la ONCE, UTO-UGT, que ha puesto en marcha la campaña “El juego ilegal NO es un juego”, que se desarrollará en todas las comunidades autónomas con marchas, concentraciones y actos de denuncia exigiendo la actuación urgente y contundente de las Administraciones.
Tolerar el mantenimiento y expansión como hasta ahora del juego ilegal no es solo una burla hiriente del Estado de Derecho y un quebranto de los intereses de los consumidores, sino que supone un daño irreparable al sector de la discapacidad al socavar el espacio social y económico de la ONCE, el primer sostenedor privado de este movimiento social.
