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Canarias 19 de Febrero de 2015
NC insiste en solicitar que la nueva ley de los cabildos se deje para la próxima legislatura
Pedro Justo apoya la regulación para los ayuntamientos por la obligación
de adaptar la norma canaria a la estatal para garantizar la prestación
de los servicios públicos.
Nueva Canarias (NC) trasladó ayer a los presidentes insulares la conveniencia de retirar la proposición de ley de los cabildos insulares de CC y PSOE para que sea tramitada en la próxima legislatura con todas las garantías jurídicas y económicas además del consenso preciso en una de las normas que estructuran la comunidad canaria. Unas consideraciones que el diputado nacionalista hizo extensivas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de los socios del pacto. El ponente de NC apoyó, sin embargo, el nuevo texto legislativo para los ayuntamientos pero “sólo por la obligación” de adaptar la norma canaria a la estatal para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales.
Pedro Justo intervino en la comisión General de Cabildos del Parlamento, donde las proposiciones de ley de cabildos y de los ayuntamientos fueron sometidas a la consideración de los presidentes insulares. El ponente nacionalista defendió los argumentos que, en la toma de consideración de las dos leyes, llevó a NC abstenerse en la de los cabildos y apoyar la de los ayuntamientos.
Con respecto a la ley para los cabildos, reprochó a CC y PSOE que falsearan, en el pleno, el consenso existente en torno a esta norma porque “acabamos de saber” que los presidentes insulares tienen “serios reparos” relacionados con la ausencia de una modificación del sistema de financiación de las competencias y las advertencias de inconstitucionalidad realizadas por el Consejo Consultivo de Canarias (CCC).
En este sentido, el ponente nacionalista precisó que, según el Consultivo, cuatro artículos de la ley deben ser eliminados por ir contra la Constitución mientras que otros siete, tienen serios reparos de inconstitucionalidad y deben ser modificados.
Para NC, esta proposición de ley va en línea política del Ejecutivo de CC y PSOE de “cercenar” las competencias, en este caso, de las islas “por la puerta de atrás, para que pasen a manos del Gobierno en su empeño de concentrar el máximo de poder”. Una práctica, según Pedro Justo, que también han puesto en marcha en el resto de las leyes sectoriales desarrolladas, como la turística, la territorial y las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía.
El control político del Ejecutivo sobre los cabildos, continuó, se refleja además en el régimen electoral propuesto y cuestionado por el Consultivo. Se refirió a que el número uno de la lista electoral más votada se convierta en presidente cuando “eso lo tiene que decir una norma estatal”. Justo afirmó además que “tampoco tiene lógica” que los cabildos sean controlados por el Parlamento. “No son instituciones parlamentarias ni de la comunidad autónoma”, señaló.
Con respecto a las competencias, criticó el recorte en los aspectos relativos a la coordinación con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y el error de asumir las materias transferidas sin fondos económicos porque “se pone en cuestión su independencia financiera”
Pedro Justo hizo hincapié en que todos los aspectos políticos anteriormente referidos “nos llevan a plantear que no se continúe con la tramitación de esta norma y que se deje para la próxima legislatura”. El portavoz solicitó lo mismo para la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.
El diputado nacionalista indicó que son normas que “se han forzado para engordar algún currículum” político, que “carecen” de consenso, que “no hay tiempo para ponerlas en marcha” y que ninguno de sus responsables gubernamentales “las van a poder desarrollar” en la próxima legislatura.
El apoyo al texto legislativo de los ayuntamientos responde, según NC, a la “responsabilidad” de garantizar la prestación de los servicios públicos municipales que los ayuntamientos canarios están obligados a prestar, desde el pasado 1 de enero, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno estatal del PP. Se tenía que adaptar la ley canaria a la estatal y si se hubiera hecho a través de un proyecto de ley exclusivo es “muy posible que lo hubiéramos hecho a tiempo”, recalcó Pedro Justo.
