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Canarias 11 de Febrero de 2015
La UE controla el reparto de la cuota de Atún Rojo en España a instancias del Gobierno
de Canarias
A pesar de ello, el Estado no concede al Archipiélago lo que le corresponde según las leyes españolas y comunitarias.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández, respondió ayer, en el Parlamento de Canarias, a una nueva pregunta del diputado Juan Pedro Hernández, del Grupo Nacionalista, sobre la reunión mantenida la pasada semana con el presidente del Ejecutivo y los representantes de las siete cofradías de pescadores insulares para explicarles los pasos que se han dado, desde el Gobierno canario, para conseguir que el Estado cumpla con los derechos que corresponden a los pesqueros del Archipiélago en cuanto a la pesquería del Atún Rojo. 
El Ejecutivo autonómico ha denunciado reiteradamente ante el Ministerio de Agricultura y la Secretaría General de Pesca del Estado (que es quien tiene la potestad de distribuir la cuota de esta pesquería entre las distintas comunidades autónomas) que se ha producido un doble incumplimiento normativo por el Gobierno de España en la asignación de dicha cuota a Canarias.

Por una parte, en diciembre de 2013, se aprobó el nuevo reglamento de la Política Pesquera Comunitaria que explicita, en su artículo 17, que las posibilidades de pesca de cualquier especie debe distribuirse atendiendo a criterios históricos, ambientales y socioeconómicos; aspectos que no se han tenido en cuenta en lo que se refiere a las Islas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico insiste en que el Ministerio incumple también, a la hora de hacer el reparto de la cuota de atún rojo, el artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado que fija unos criterios que no se han respetado.

Por este motivo, Juan Ramón Hernández ha expresado por escrito al Ministerio que es necesario que del incremento concedido a España para 2015 se beneficien aquellas flotas que históricamente se han visto perjudicadas por el reparto de cuota, fundamentalmente las flotas artesanales como la canaria; y que el Ministerio realice la distribución de los cupos de atún rojo que corresponde a España, de forma más justa y acorde con lo previsto en la Política de Pesca Comunitaria y en el artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado.

Sin embargo, el Estado se ha limitado a incrementar ligeramente la cuota para Canarias (hasta cien toneladas únicamente) pero sólo en la parte potestativa del Ejecutivo, es decir, del aumento de cuota concedido para este ejercicio por el organismo internacional que controla esta pesquería, el ICATT. El Gobierno autonómico lleva varios ejercicios reclamando que se cambie la orden ministerial que adjudica las cuotas a las distintas regiones españolas de forma que se consolide el derecho de los pescadores canarios a la captura del atún rojo en la medida que le corresponde por Ley.

Debe recordarse que en el pasado mes de diciembre y durante una intervención ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el Viceconsejero de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Soto, exigió el establecimiento de controles comunitarios que garanticen el cumplimiento del artículo 17 de la PPC en el reparto de las cuotas de atún rojo en el Estado español. Fruto de esa intervención, el Parlamento Europeo ha comunicado oficialmente al Gobierno de Canarias la designación de un funcionario al que han encomendado la elaboración de un estudio sobre la distribución de los cupos de dicha especie, habiendo solicitado información a la Viceconsejería, así como a las organizaciones de productores de túnidos de Canarias, entre otros.

Cabe destacar la importancia de ese estudio, que radica en que éste se realizará sólo sobre dos pesquerías en particular, siendo una de ellas la del atún rojo en España.

Debe aclararse que desde el año 2008, que se inició el Plan de Recuperación de esta especie, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha venido distribuyendo la cuota anual de pesca de atún rojo asignada a España en los correspondientes Reglamentos de distribución de cuotas entre Estados Miembros de la UE, sin atender los criterios de reparto de posibilidades de pesca del artículo 27 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca marítima del Estado. Es decir, se han utilizando datos parciales de capturas de los cinco años anteriores a 2008 a pesar de que la ley habla de datos históricos, y los datos históricos con que cuenta datan de 1965. Es reseñable además que desde diciembre de 2013 se incumple también lo marcado por la Política Pesquera Común.

Hay que recordar que España ha sido el país más beneficiado en el incremento de cuota este año, al aumentar en 440 toneladas adicionales la posibilidad de esta pesquería para la campaña 2015. Esto sitúa el cupo total del país para este año en una cantidad muy cercana a las 3.000 toneladas-2.944,45 Tn.- lo que supone un incremento del 17,6 % respecto de la cuota total disponible para España en la campaña 2014, que era de 2.554 toneladas.

La Secretaría General de Pesca ha distribuido la cuota anual de pesca de atún rojo asignada, atendiendo, por un lado, a las capturas históricas (cuyo peso en el reparto asciende a un 60%) y, por  otro, a criterios socioeconómicos y de dependencia de la pesquería (cuya importancia en dicho reparto alcanza un 40%).

Actualmente Canarias tiene asignada el 1,21% de la cuota principal que le toca a España, esto es, 29 toneladas. Al margen de esa cantidad, el Ministerio ha dado en los dos últimos años otras 29 toneladas adicionales, del denominado Fondo de Maniobra, llegando a unas 58 y52 toneladas en 2013 y 2014, respectivamente. Para 2015 la propuesta es incrementar hasta las cien toneladas, muy lejos de las 300 que reclama el Ejecutivo autonómico y la totalidad de las cofradías de pescadores de Las Islas, que se amparan en las mencionadas normativas española y comunitaria para fijar dicho tonelaje.

Hay que tener en cuenta que el Fondo de maniobra que permite este ligero aumento de la cuota para Canarias es gestionado a criterio de la Secretaria General de Pesca, por lo que, el único aspecto seguro con el que cuentan los pescadores de Las Islas es el porcentaje fijado en la Orden Ministerial (el 1,21%). Por este motivo lo que exige el Archipiélago en relación a este asunto es que se modifique dicha norma y que se eleve el porcentaje al 10% de promedio que dan los datos históricos desde 1965 hasta ahora, debiéndose reflejar ese porcentaje en dicha Orden.

La insuficiencia de la cuota canaria quedó acreditada al haberse capturado el 100% de la posibilidad de pesca asignada a los 181 buques canarios autorizados, en menos de 36 horas.

El Ministerio rechaza cambiar dicha normativa y accede exclusivamente a incrementar el Fondo de Maniobra, concediendo de éste una parte mayor a Canarias; sin embargo, como se ha manifestado, ésto no constituye una garantía para el Archipiélago porque su reparto se efectúa a criterio de la Secretaría General de Pesca y no dando cumplimiento a las leyes española y comunitaria.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias en esta legislatura en relación a este tema se han traducido en un incremento de los puertos de descarga, la modificación de la temporada de pesca -hasta hace dos años el paso del atún rojo por Canarias coincidía con la época de veda decretada por el Estado; ahora se ha adelantado para que los pescadores canarios puedan acceder a esa pesquería- y el cambio de pesca accidental a pesca dirigida. Además, se ha conseguido que se publique la norma reguladora de la pesquería antes del comienzo de la temporada en el Archipiélago.

Estos logros son el resultado de la insistencia del Ejecutivo autonómico para trasladar la reivindicaciones del sector pesquero canario ante el Ministerio, como ponen de manifiesto las numerosas reuniones mantenidas para abordar esta cuestión y documentación aportada para defender las peticiones efectuadas ante el Estado y ante el Parlamento europeo.