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Tenerife 23 de Diciembre de 2015
Cáritas reclama políticas de acogida e integración para las personas migrantes
La entidad se suma a las reivindicaciones para la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas con motivo de la celebración del Día Internacional de las Migraciones.

Cáritas Diocesana de Tenerife reivindica la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, sean cuales sean los motivos que les llevan a iniciar este camino, sumándose a las demás voces de entidades y asociaciones que reclaman políticas de acogida e integración que favorezcan realmente la creación de comunidades interculturales.

Esta reclamación se enmarca en las movilizaciones en torno a la celebración del Día Internacional de las Migraciones, proclamado el pasado 18 de diciembre por la Asamblea General de la ONU, al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde Cáritas Diocesana de Tenerife se insiste en que sigue siendo necesario conmemorar este día debido a que “es necesario un cambio en la política migratoria centrada en las fronteras hacia una política migratoria centrada en las personas”.

En este sentido, la entidad entiende que es imprescindible activar una mirada larga a las causas de las migraciones forzadas, trabajando por asegurar la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de tránsito. Pero también urge aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE hasta alcanzar el promedio del 0’7% del PIB.

La situación actual en Europa es consecuencia de varios factores externos, como la guerra, e internos de la Unión Europea como una política migratoria centrada en el control de flujos y la externalización de las fronteras. Quedando, una vez más, evidenciado que no son efectivas, y que lo único que provocan es más vulneración de derechos, más precariedad y más sufrimiento. Esta situación no es nueva, ni algo aislado, en el mundo hay actualmente más de 300 conflictos de diversa intensidad, obligando a miles de personas a migrar.

En este contexto, Cáritas ha elaborado un decálogo de mínimos que los gobernantes, presentes y futuros, deberían tener en cuenta de cara a garantizar el acceso a los derechos humanos de todas las personas, haciendo especial mención a las personas migrantes y donde se pide que el empleo no debería ser condición única para la autorización de residencia, o en el que se recuerda que la irregularidad sobrevenida constituye uno de los principales escollos para la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad, al provocar que familias enteras caigan en procesos de vulnerabilidad y exclusión.

También se reclama el acceso a la salud y eliminar el copago farmacéutico o derogar la Disposición adicional segunda a la Ley Orgánica de Extranjería, con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria realizados sin ningún tipo de garantía.