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Granadilla 3 de Diciembre de 2015
Jaime González Cejas, Nicolás Jorge
y Ana Esther Flores Ventura dimitirán voluntariamente de sus cargos
Tras el auto de confirmación de procedimiento abreviado adoptado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en el procedimiento judicial iniciado por Coalición Canaria y Sí Se Puede hace más de nueve años.
eds. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha procedido a estimar íntegramente el recurso interpuesto por la Fiscalía y, parcialmente, el de Alternativa Sí se Puede (SsP) contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona que, en sus diligencias previas, prácticamente archivó provisionalmente una "macrocausa" contra el gobierno municipal del mandato 2003-2007, formado por la mayoría absoluta del PSC-PSOE y con Jaime González Cejas como alcalde, cuyos recursos de apelación son desestimados.

La denuncia de la Fiscalía es de 2007, y se presentó cuando la portavoz y Alcaldesa  de CC por aquel entonces, Carmen Nieves Gaspar Rivero, le trasladó una información al ministerio público y en función de esto la Fiscalía decidió presentar dicha denuncia. Luego, en Julio de 2008 las imputaciones contra miembros del anterior gobierno socialista se amplían tras un escrito, “al que la Fiscalía manifiesta conformidad y considera que podrían ser delitos conexos y decide tomar nuevas declaraciones por estos hechos”.

La concesión de tres licencias de obra a Inversiones Costa Atlántica, a la que estaba vinculado Fidel Rodríguez Gaspar, siendo concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde; otorgar cuatro licencias a Vimédano, empresa que adquirió otra de la que el alcalde y concejal de Urbanismo, Jaime González, tenía acciones por valor de 13.222 euros que presuntamente vendió por 220.000 euros; la aprobación del plan parcial Médano Park, del que se beneficiaba la empresa (vendida después) en cuyo accionariado figuraba el alcalde y edil de Urbanismo; la instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de la TDT; la licencia para instalar 130 placas fotovoltaicas, más otras 70 en una segunda fase, en suelo del ITER (Polígono Industrial de Granadilla), así como la adjudicación de contratos y la concesión de subvenciones en Cultura son los asuntos investigados y que motivan esta medida judicial.

Ante estos hechos el alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, manifiesta que tres miembros del gobierno granadillero, él y los concejales Nicolás Jorge y Ana Esther Flores, dimitirán voluntariamente de su cargo en cumplimiento del Código ético establecido por el PSOE.

Dicha decisión se adopta ante el auto de confirmación de procedimiento abreviado adoptado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en el  procedimiento judicial iniciado por Coalición Canaria y Sí Se Puede hace más de nueve años.

El regidor granadillero manifiesta respetuosamente  su desacuerdo con el auto de la Audiencia Provincial y está convencido de que tanto él como sus compañeros probarán su inocencia en el consiguiente juicio oral, cuendo este se aperture. Señala que es "respetuoso" con las decisiones judiciales, pero no comparte los razonamientos de la Audiencia Provincial cuyo auto está siendo notificado a las partes.

En la investigación de la denuncia presentada por CC en 2006, a la que se sumó Sí Se Puede, en la que solo perseguían el afán de obtener rédito electoral para las elecciones de 2007, el juez titular que conoció de la causa, investigó e interrogó, y tuvo a su disposición todos los expedientes, y dictó un auto en el 2011 absolviendo provisionalmente al alcalde y resto de miembros de la junta de gobierno denunciada.

El ministerio fiscal, que en todos estos años no asistió a ninguna de las actuaciones de instrucción , recurrió el auto de sobreseimiento más de un año después, cuyas pretensiones, a su vez, fueron rechazadas por un segundo juez en, prácticamente, su totalidad, con excepción de una cuestión meramente administrativa, en la que el Secretario y un aparejador emiten informes contradictorios en relación a una licencia.

"Estamos convencidos de nuestra inocencia, puesto que ya la justicia nos ha dado la razón hasta por dos veces en los juzgados de instrucción y no tenemos dudas de que la justicia nos absolverá ya que confiamos plenamente en ella ", agrega, además de comentar que  "la justicia tardía no es justicia y nueve años de instrucción, y todavía sin haber juicio a unas personas que son cargos públicos, con la exposición mediática y social que ello supone, es una injusticia y habrá que habilitar los mecanismos adecuados y los medios necesarios para que esto no ocurra".

El alcalde de Granadilla indica que "la grandeza política va unida a la coherencia personal, al respeto a unos principios y el servicio a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio; su buen nombre y de la institución municipal, por encima de todo, y eso, a veces, exige sacrificio personal".

Añade que "para defender la inocencia de la junta de gobierno, del grupo socialista y las ideas y los códigos que nos hemos impuesto, debemos tomar esta decisión para no perjudicar la intachable trayectoria de honestidad y servicio a los intereses generales de los granadilleros y mantener la estabilidad del actual gobierno municipal". Todo ello, apunta, en una legislatura en que Granadilla se juega el futuro de los próximos decenios, como municipio estratégico y de oportunidades, "y que estoy firmemente convencido que mejorará y elevará el nivel de vida de sus vecinos y vecinas, a los que agradecemos infinitamente la confianza que tanto tiempo han depositado en nosotros".

Con esta decisión, argumenta, "evitamos convertir el pleno municipal en un circo permanente de bajeza política por parte de CC, y sobre todas las cosas, contribuimos a que el nombre de Granadilla de Abona sea puesto en entredicho por un partido y unas personas que sólo buscan el descrédito permanente del rival, al que no consiguen ganar en buena lid, sin importarle las repercusiones de sus actos ni el daño personal a familias y amigos, que nada tienen que ver con la actividad pública".

Esta medida, concluye, que supone la desvinculacion del Ayuntamiento y del Partido Socialista Canario, "nos permitirá defendernos con todos los medios a nuestro alcance, sin ataduras, que conducirá,no tenemos dudas, a demostrar nuestra inocencia y honestidad en la gestión municipal durante tantos años".

Ahora queda plantear por parte de los abogados las acusaciones que consideren y a la Audiencia emitir un auto en el que proceda a declarar, o no, la apertura de un juicio oral.
Foto: Dux Garuti