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Arona 11 de Diciembre de 2015
“Entre contradicciones y admisiones”
la primera vista del juicio oral por el caso Edén
Foto: Dux Garuti
González Reverón reconoció que las obras del Sir Anthony se ejecutaron sin licencia durante gran parte del año 2008. Por su parte, Sosa admitió que fue él quien seleccionó a los cuatro beneficiarios de la supuesta contratación ilegal en la consejería de Medioambiente.
Ayer miércoles 9 de diciembre, dio comienzo el juicio oral del caso “Arona”
o caso “Edén”, donde el ex alcalde de Arona, José Alberto González Reverón
y el ex concejal de Urbanismo y Medioambiente, Antonio Sosa, fueron citados
para declarar, por su imputación en un presunto delito de prevaricación continua
en el caso de Reverón, y de de un presunto delito de malversación de caudales públicos, en el caso de Sosa.

La Auditoría comenzó con media hora de retraso y se prolongó durante cuatro horas.
La defensa comenzó alegando falta de imparcialidad en la instrucción del juez Nelson Díaz Frías y calificó el procedimiento de nulo por las escuchas telefónicas de 2007, que el fiscal considera fueron ordenadas ante la evidencia de una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Arona. La jueza María Vega y los miembros del Tribunal, Lucía Machado y Aurelio Santana, descartaron la nulidad del procedimiento y se dio apertura a la primera sesión del juicio con las declaraciones de los dos acusados.

Al ser interrogado por la permisividad de obras de gran envergadura, sin la correspondiente licencia urbanística del Hotel Sir Anthony, perteneciente al complejo Mare Nostrum, González Reverón reconoció que dichas obras se ejecutaron sin licencia durante gran parte del año 2008, aunque matizó que hasta 2009 no se frenaron, porque nunca fue requerido por los técnicos.

La Fiscalía se mostró insistente sobre la presunta amistad entre el ex alcalde de Arona y Rafael Estartús, responsable de una empresa vinculada al complejo hotelero, quién declaró en calidad de testigo, admitiendo los contactos con Reverón.

Estartús afirmó que González Reverón era consciente de que los trabajos que se realizaban en el edificio del hotel Sir Anthony no contaban con licencia e incluso dijo que Reverón le estuvo insistiendo para que presentara los papeles que requería la instalación para obtener el permiso de obra mayor.

La declaración de González Reverón, estuvo marcada por diversas contradicciones. A pesar de que en una conversación telefónica Rafael Estartús le dijo que las obras se iniciarían el 1 de abril de 2008, el ex alcalde aseguró que desconocía la fecha del comienzo de las mismas. De igual modo dijo que "no sabía lo que estaban haciendo" porque el expediente no le había llegado, aunque existen informes negativos fechados, al menos, en mayo, septiembre y noviembre de 2008, así como en enero de 2009.

El fiscal de la causa, Jaime Serrano-Jóver, tomo como relevante el hecho de que el responsable del hotel y el ex alcalde hablasen también sobre la licencia de las obras cuando las competencias urbanísticas estaban delegadas en el otro acusado, el ex concejal de Urbanismo y Medioambiente, Antonio Sosa. Por su parte, Antonio Sosa, también se amparó en el desconocimiento del expediente por parte de los políticos.

El  28 de noviembre se expidió un informe técnico a la Concejalía de Urbanismo en el que se daba cuenta de que las obras carecían de licencia, sin embargo, Sosa dijo que ese escrito no llegó a su mesa hasta enero. También aseguró que el ex alcalde nunca le comentó nada sobre las conversaciones que había tenido al respecto con el representante del complejo hotelero.

Respecto al asunto de un viaje a Múnich que Antonio Sosa hizo invitado por la empresa que tiene la concesión del servicio de residuos en Arona, donde se beneficiaron con dietas de alojamiento y manutención por valor de 398 y 238 euros, respectivamente, a cargo de una entidad privada, el ex concejal atestiguó en su defensa, que no hicieron el viaje a través del Consistorio porque no había tiempo para gestionar la logística, por lo que el responsable de la empresa, Camilo Álvarez y Clusa, le dijo que no se preocupara, que ellos lo organizaban, así que pidieron a la empresa que les pasaran la factura para abonar los gastos desde el Ayuntamiento. Los tres beneficiarios de las dietas reembolsaron al Ayuntamiento, aunque Sosa tardó casi tres meses más en hacerlo que los demás.

Otro asunto tratado, fue la contratación por parte del Ayuntamiento de Arona, de una cuarta persona que viajó a Múnich en representación de la empresa, lo que se incluye en la supuesta incorporación ilegal de cuatro empleados de manera continuada para realizar trabajos en el área de Medio Ambiente en contra, presuntamente, de la Ley de Contratos.

Al Respecto, Sosa admitió que fue él quien seleccionó a los cuatro beneficiarios, a los que se encargaron diferentes trabajos vinculados con materias medioambientales. Según él, Tenían formación y estaban cualificados, pese a que dos de esas plazas posteriormente salieron a concurso con una serie de exigencias, como poseer la licenciatura de Derecho o Farmacia, que no cumplían ninguno de los beneficiarios.

La Fiscalía sostiene, que en base a las facturas que figuran en el expediente, una primera de septiembre de 2007 y otra de diciembre de 2008, los contratos se extendieron durante más de un año, cuestión rebatida por el abogado de Sosa, Manuel Fredy Santos, al considerar que al ser independientes no tenían que respetar ese plazo.

El último punto a tratar y al margen del caso Arona, fue las presuntas obras ilegales que un primo segundo de González Reverón llevó a cabo en su vivienda de Buzanada.

Las obras se acometieron durante el año 2008, y consistieron en la construcción de una segunda planta y el techado del inmueble, sin contar con la necesaria licencia urbanística.

Reverón afirmó en su declaración, pese a que también reside en Buzanada, que desconocía su relación familiar con el supuesto beneficiario, José Antonio González Costas y que se enteró por el procedimiento judicial.

El juicio se cerrará mañana viernes con el testimonio de dos miembros de la Guardia Civil y la lectura de las conclusiones de las partes.