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Canarias 10 de Abril de 2015
La Agencia Tributaria Canaria asume
el mandato prioritario de luchar contra el fraude
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el contrato de gestión que fija sus objetivos hasta 2017.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer, el contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) que regulará su actuación en el periodo 2015-2017. Con el mandato prioritario de luchar contra el fraude fiscal, este contrato contiene los objetivos y resultados a lograr, los planes necesarios para alcanzarlos y los recursos personales, materiales y presupuestarios, entre otros aspectos.
Se trata del principal instrumento de planificación por el que se establecen los compromisos que adquiere la ATC en la gestión del sistema tributario canario y donde se fijan sus metas con dos objetivos estratégicos: maximizar la recaudación y aplicar de forma eficiente los recursos asignados.
En base a estos fines, el contrato obliga a la agencia a desarrollar unas determinadas líneas de actuación bajo la supervisión, dirección y seguimiento de la consejería competente en materia de hacienda.
La primera de ellas es el control tributario y la lucha contra el fraude de manera que deberá intensificar el descubrimiento, regularización y represión de sus formas más graves, por un lado, y la comprobación en masa de todas las declaraciones para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, por otro.
La segunda de las líneas prioritarias se refiere a la prestación de un servicio eficiente a la ciudadanía para facilitar el máximo cumplimiento de sus deberes fiscales con especial atención a las tareas de asesoramiento y asistencia.
Otro de los cometidos asignados a la ATC es la cooperación interadministrativa, especialmente con la agencia estatal, las corporaciones locales canarias y entidades públicas y privadas para el intercambio de información tributaria.
Además, asume una mayor colaboración en la aplicación de los tributos mediante convenios con entidades privadas, instituciones u organizaciones representativas de sectores sociales, laborales, empresariales o profesionales.
Las directrices fijadas a la agencia se completan con la transparencia en su gestión; la calidad y mejora continua a través de la medición de sus resultados; la autonomía de sus recursos humanos, materiales y financieros; y la ética profesional y responsabilidad pública de su actuación.
En cuanto al número de efectivos, la ATC asume la plantilla que ya existía en la extinta Dirección General de Tributos y que asciende a 473 empleados aunque podrá alcanzar un límite de 732 mediante la redistribución de personal procedente de otros departamentos, principalmente. Con ello, se pretende completar el despliegue territorial de la nueva estructura, especialmente en las islas no capitalinas.
